Ni una sorpresa causó el informe de auditoría que reveló daños económicos de más de G. 30.000 millones en Petropar. Es lo que manifestaron a nuestro diario Guillermo Parra, directivo de Dicapar, y Vicente San Martín, de Apesa. Creen que la investigación debe abarcar otros periodos.
“Era de esperar. Petropar tiene un largo historial de corrupción. Una vez más fue instrumentada. Ojalá se sancione a los culpables de los perjuicios y que la administración de la cosa pública se realice con honestidad y transparencia”, expresó Vicente San Martín, directivo de Apesa (Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines) al ser consultado en relación al informe de auditoría que detectó una serie de irregularidades en la petrolera del Estado (ver infografía).
Guillermo Parra, directivo de Dicapar (Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay), señaló por que parte no le sorprendió, “deseamos que esos hallazgos sean investigados en detalle y derivados los antecedentes a las instancias que correspondan, y que de confirmarse hechos punibles, se aplique todo el peso de la ley a los responsables y que respondan con sus bienes como manda la ley”.
Parra supuso que algunos de los hallazgos ya habrían tenido sus orígenes en administraciones y años anteriores, que registró una rápida y violenta expansión de la red en 2017 y 2018, bajo la administración de Eddie Jara, quien había asumido la presidencia de Petropar en mayo de 2016.
“Se priorizó la cantidad de EE.SS. y el volumen para lo cual se otorgaron muchas facilidades, inclusive violando las propias normas establecidas para habilitar nuevos operadores. Mientras Petropar se fondeaba gracias a las ventas obligadas por decretos y a márgenes elevados en el gasoíl de entre 400 y 800 G./l (a costa de los emblemas privados y la ciudadanía”, expresó.
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