La Contraloría objetó a la institución el uso fraccionado de la caja chica para adquisiciones y servicios, eludiendo procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, utilizó de manera discrecional la caja chica de la institución, para contratar los servicios de proveedores ligados a funcionarios bien acomodados en su administración.
Godoy pagó en forma fraccionada por fondo fijo, servicios que debía contratar siguiendo alguno de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas. La Contraloría General de la República (CGR) observó a la institución dichas operaciones, las cuales consideró irregulares por cómo se dieron. Una de las firmas que facturó a la Defensoría del Pueblo es Hudica Emprendimientos, de Hugo Diosnel Cáceres Cardozo. Con relación a este proveedor, la CGR halló comprobantes de pagos -facturas contado- por un valor de G. 46 millones. Registros contables así como las fechas, numeración...
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