El Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Asunción ordenó el reintegro de la docente Silke Madelaine Funk Klassen al Colegio Alemán Concordia, tras determinar que su despido en diciembre del 2023 careció de justificación legal. La sentencia, además, obliga a la institución educativa a abonar todos los salarios caídos, con sus respectivos beneficios […]
El Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Asunción ordenó el reintegro de la docente Silke Madelaine Funk Klassen al Colegio Alemán Concordia, tras determinar que su despido en diciembre del 2023 careció de justificación legal. La sentencia, además, obliga a la institución educativa a abonar todos los salarios caídos, con sus respectivos beneficios e intereses, restituyendo así los derechos laborales vulnerados de la trabajadora.
La docente había denunciado que, entre los motivos de su desvinculación, figuró una supuesta desaprobación institucional por haber contraído matrimonio en segundas nupcias, afirmación que, según ella, fue expuesta públicamente por representantes del colegio. Sin embargo, el Juzgado aclaró en su fallo que no existían elementos probatorios suficientes para concluir que su despedida fue consecuencia directa de dicha situación personal, por lo que descartó la existencia de discriminación por estado civil como fundamento principal del despido.
El núcleo de la decisión judicial se centró en analizar la verdadera naturaleza de la relación laboral entre la trabajadora y la institución a lo largo de casi dos décadas. Aunque el colegio presentó documentación en la que constaban interrupciones del vínculo laboral y contratos sucesivos, el Tribunal consideró demostrado que tales interrupciones fueron solo formales y no se correspondían con la realidad fáctica del servicio prestado por la docente.
El Juzgado concluyó que el Colegio Alemán Concordia mantenía una práctica sistemática de despedir a sus docentes inmediatamente antes de que alcanzaran los diez años de antigüedad, para luego recontratarlas en un breve lapso. De este modo, la institución buscaba evitar que las educadoras accedieran a la estabilidad especial que otorga la legislación laboral paraguaya a quienes cumplen una década de servicios continuos.
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