El Tribunal de Apelación, Segunda Sala de la Capital, integrada por Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernandez y Delio Vera Navarro, confirmó la sentencia que condenó a exministros de la Senad Luis Rojas y Francisco de Vargas, al no encontrar elementos que lo vicien de nulidad. Apelación interpuesta por el Abg. Rubén Darío Vallejos Cuquejo […]
El Tribunal de Apelación, Segunda Sala de la Capital, integrada por Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernandez y Delio Vera Navarro, confirmó la sentencia que condenó a exministros de la Senad Luis Rojas y Francisco de Vargas, al no encontrar elementos que lo vicien de nulidad.
Apelación interpuesta por el Abg. Rubén Darío Vallejos Cuquejo en representación de Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda Móngelos; Abg. Carolina Ferreira de Gorostiaga por la defensa de Antonio Salvador Pereira; Abg. Osvaldo Granada Sallaberry por la defensa de Francisco José de Vargas; Abgs. Mario Soriano Elizeche González y Francisco Javier Godoy por la defensa de Luis Alberto Rojas Ramírez; y Abg. Juan Carlos Ruffinelli Gómez por la defensa de Adalberto Javier Benítez Gómez, contra la S.D. N°481 del 06/12/2022.
Uno de los principales agravios invocados por la defensa de De Vargas fue la “atipicidad por inexistencia de perjuicio patrimonial” alegando medularmente que el Colegiado de Sentencia incurrió en una “errónea aplicación del derecho, ya que el tipo penal tiene dos verbos rectores cuando se refiere al perjuicio patrimonial y establece: causara o no evitara un perjuicio patrimonial, es decir, es un delito de resultado, los dos verbos dejan claro que el perjuicio patrimonial debe darse por la acción u omisión del autor y el perjuicio patrimonial debe ser concreto y cuantificable. Tampoco es...
Por su parte, la defensa de Rojas expresó su agravio con base en que según las pruebas, no existió el ingreso al país de los equipos de inteligencia; pero se pagaron por los mismos y estos están en la Senad, “la lógica nos dice que el delito sería contrabando y eso es responsabilidad del proveedor no del comprador (…) El Ad Quo ha violado a todas luces el principio de la sana crítica y la valoración de las pruebas”
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