El Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de San Pedro de Ycuamandyyú resolvió declarar la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, quien había sido imputado por supuesto cobro indebido de honorarios. La decisión fue adoptada mediante el A.I. Nº 93 […]
El Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de San Pedro de Ycuamandyyú resolvió declarar la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, quien había sido imputado por supuesto cobro indebido de honorarios.
La decisión fue adoptada mediante el A.I. Nº 93 del 23 de abril del 2026, en el marco de la causa en la que se lo invetsigaba por presunto cobro indebido de honorarios. Según los antecedentes, el imputado habría percibido aproximadamente USD 30.000 en concepto de honorarios profesionales en un juicio civil, pese a la prohibición legal vigente para funcionarios públicos.
No obstante, el juzgado centró su análisis en el cumplimiento de los plazos procesales por parte del Ministerio Público. En ese sentido, se verificó que, tras la aplicación del trámite previsto en el art. 139 del Código Procesal Penal, la fiscal adjunta Alicia Sapriza no presentó un requerimiento conclusivo dentro del plazo perentorio de diez días.
En lugar de ello, el Ministerio Público presentó un dictamen calificado como «solicitud de saneamiento», lo cual, según el juzgado, no cumple con la exigencia legal de formular un requerimeinto conclusivo válido. Dicha omisión resultó determinante, debido a que la normativa establece que ante la falta de actuación dentro del plazo fijado, corresponde declarar la extinción de la acción penal.
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