Un juzgado penal hizo lugar a la extinción de la acción penal y sobreseyó definitivamente a los procesados por una supuesta malversación de más de 2 billones y medio de guaraníes atribuido a los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. La fiscala Stella Mary Cano se había allanado al pedido de extinción de las defensas porque el juzgado reabrió el caso de forma extemporánea.
Por Auto Interlocutorio N° 511 del 14 de junio de 2023, la jueza penal de garantías N° 3 de la capital, a cargo de la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez, decretó la extinción de la acción penal de conformidad al Art. 139 del Código Procesal Penal y declaró el sobreseimiento definitivo de los imputados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera, directivos de la
El juzgado penal asimismo no hizo lugar al Dictamen N° 4 del 19 de abril de 2023 emitido por la fiscala adjunta Abog. Patricia Rivarola Pérez, a quien se le había corrido traslado ante el trámite de oposición del juzgado para que se pronuncie en los términos del Art. 358 del Código Procesal Penal (CPP), ante el allanamiento de extinción de la acción penal solicitado por la fiscala Stella Mary Cano.
La jueza Lovera Brítez rechazó el Dictamen N° 4 porque según el Art. 358 del CPP, la Fiscalía Adjunta tenía dos alternativas para pronunciarse: 1) Acusar o 2) Ratificar el pronunciamiento del fiscal inferior (extinción de la acción penal requerido por la fiscala Cano). Sin embargo, la fiscala adjunta Rivarola Pérez en su dictamen concluyó que no hubo hecho punible de lesión de confianza porque, según la misma, y contraponiéndose al mismo perito de la Fiscalía Lic. Javier González Pérez, indicó que no hubo daño patrimonial y solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
La jueza Lovera Brítez sostuvo que el artículo 358 del CPP solo le permitía acusar o ratificar el pedido de extinción penal, pero la adjunta Rivarola Pérez se pronunció sobre un hecho no previsto en la norma, es decir, el sobreseimiento definitivo, por lo que no hizo lugar al dictamen de la Fiscalía Adjunta.
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