Tal y como lo hicieron otros gremios del sector, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció ayer contra el proyecto de ley sancionado el martes último en Diputados, que dispone la expropiación de Guahory (Caaguazú). “Es descabellado lo que hizo esta gente (los legisladores), sin ningún respeto”, afirmó el representante de la ARP ante la Junta Asesora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Juan Cáceres Bazán.
Agregó que la intención de que el Estado vuelva a adquirir tierras vendidas hace décadas, es una violación al derecho privado, pues en el lugar hay gente trabajando y produciendo, contribuyendo con la economía del país. Además, cuando el ente rural en el pasado vendió los lotes de Guahory, lo hizo a precio fiscal, en tanto que si ahora expropia, deberá pagar precio de mercado, en una zona donde el valor referencial oscila entre 15.000 y 20.000 dólares por hectárea.
“No cabe; uno porque son lotes que están en producción, fue colonia hace 20 ó 30 años, el propietario en su momento obtuvo un título de la institución. Y además, ya hubo gastos del Estado para reubicación de los campesinos”, afirmó, haciendo referencia a la gestión de compra por parte del Indert de una propiedad de Yhú, de 1.550 Ha., donde llevó a parte de las familias que habían sido desalojadas de Guahory el año pasado.
Cáceres Bazán señaló que la esperanza ahora es que el presidente de la República, Horacio Cartes, vete el proyecto sancionado y si no lo hace, incluso el Indert debería proponer la inconstitucionalidad de la ley.
“Esto (la expropiación aprobada en el Congreso) va a dar pie a que se puedan expropiar todas las colonias antiguas del ente”, subrayó.
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