El fiscal Silvio Corbeta se ratificó en su acusación y expuso que Joaquín Roa, exministro de la SEN, con la finalidad de ocultar una embarcación valuada en US$ 450.000 y recibida como incentivo económico, de parte del “empresario” Alberto Koube, a cambio de adjudicaciones a sus empresas por más de G. 16.000.000.000, nunca la registró […]
El fiscal Silvio Corbeta se ratificó en su acusación y expuso que Joaquín Roa, exministro de la SEN, con la finalidad de ocultar una embarcación valuada en US$ 450.000 y recibida como incentivo económico, de parte del “empresario” Alberto Koube, a cambio de adjudicaciones a sus empresas por más de G. 16.000.000.000, nunca la registró ni transfirió a su nombre. Corbeta presentó ayer sus alegatos iniciales ante el Tribunal de Sentencia que juzga a Roa por cohecho pasivo agravado, lavado de activos y otros.
Conforme a las leyes reglamentarias de la navegación, resulta obligatorio tener el título de propiedad, entre otras documentaciones más requeridas, situación que no fuera causal porque ello revelaría o alertaría sobre la existencia de un bien obtenido injustificadamente durante el ejercicio de sus funciones y nada más y nada menos que del mismo proveedor a quien siempre otorgaba contratos en la SEN.
Tampoco se registró tributaria ni contablemente en la citada operación de compra-venta; es decir, Alberto Koube y Joaquín Roa no facturaron esta operación por el monto mencionado ni tampoco declararon ante la Subsecretaría de Estado de tributación; dicha operación consignada por el valor de US$ 450.000, “lo que nos indica claramente que su intención siempre fue la ocultar la existencia de este bien hasta que fuera encontrado ocasionalmente en los allanamientos realizados.”
De acuerdo al relato, en el mes de marzo 2022, al momento del cese de sus funciones como ministro de la SEN, recién Joaquín Roa presenta en su Declaración Jurada de salida esta embarcación como un bien, por G 3.200 millones, “intentando brindar una apariencia lícita a dicha adquisición, presentando las documentaciones como el contrato privado mencionado por US$ por 450.000 para requerir su devolución y acreditar su supuesta propiedad.”
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