El juez de garantías Humberto Otazú elevó a juicio la causa contra la exintendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros acusados por supuesto desvío de fondos del municipio, mientras que para Blanca Álvarez Viuda de Samaniego, madre del diputado Esteban Samaniego, y otros acusados, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento, con lo cual […]
El juez de garantías Humberto Otazú elevó a juicio la causa contra la exintendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros acusados por supuesto desvío de fondos del municipio, mientras que para Blanca Álvarez Viuda de Samaniego, madre del diputado Esteban Samaniego, y otros acusados, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento, con lo cual deberán realizar pagos como reparación del daño y cumplir ciertas reglas de conducta por un plazo determinado, evitando así ir a juicio oral y público.
Además, obtuvieron la suspensión condicional los acusados Damián Galarza, el exguardia del diputado Samaniego Christian Domínguez, Benigno Villasboa y Óscar Fanego. Los mismos también aceptaron los hechos acusados y ofrecieron reparar el daño causado.
De acuerdo a la acusación Esteban Samaniego, ─quien aún no se somete al proceso por sus fueros legislativos─, y su esposa Patricia Corvalán, exintendenta de Quyquyhó, entre el 2010 y 2018, se asociaron a otras personas para conformar un esquema y desviar dinero de comuna, cuando el primero era intendente, que asciende a G. 1.108.599.918, empleado para construir una vivienda en el barrio San Vicente, de Asunción.
La factura por G. 563.016.918 fue emitida a nombre de la empresa de maletín BH Service, del acusado Andrés Arrúa y G. 545.583.000 a nombre de CX Construcciones. Esto a pedido del matrimonio para no dejar rastros de la operación. El legislador se valió de su madre, quien suscribió las gestiones ante la municipalidad de Asunción, con el fin de ocultar la edificación. Esto afirma el fiscal Silvio Corbeta en la acusación contra Corvalán y otros.
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