El juez penal de Garantías Mirko Valinotti elevó a juicio oral y público la causa seguida a Carlos Antonio Valenzuela Dávalos, exfuncionario del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), acusado por el hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplice. El caso está vinculado al millonario desvío de fondos de la entonces […]
El juez penal de Garantías Mirko Valinotti elevó a juicio oral y público la causa seguida a Carlos Antonio Valenzuela Dávalos, exfuncionario del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), acusado por el hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplice. El caso está vinculado al millonario desvío de fondos de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), que debían ser destinados a la construcción de 321 viviendas sociales en el marco de 12 proyectos distribuidos en diferentes localidades del país.
La acusación fiscal sostiene que entre los años 2012 y 2013, el técnico Camilo Recalde, habilitado como Servicio de Asistencia Técnica (SAT), recibió de SENAVITAT la suma de G. 16.750 millones, mediante la cesión de subsidios habitacionales que los beneficiarios firmaban a su favor. Dichos fondos públicos fueron depositados en cuentas bancarias de la Cooperativa de Vivienda “Mi Casita”, presidida por Carol Turrini, esposa de Valenzuela, y posteriormente cobrados a través de cheques firmados por Turrini y Rebeca Valenzuela, sobrina del acusado. Carlos Valenzuela, sin tener vínculo...
Los proyectos habitacionales presentaron múltiples deficiencias edilicias o directamente no se culminaron, generando un perjuicio directo a familias que esperaban una solución habitacional. Las pericias realizadas por el MUVH confirmaron las irregularidades. Por estos hechos, Valenzuela fue imputado en 2016 y posteriormente acusado en 2017.
En 2019, el procesado fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento, mediante la cual se comprometía a reparar el daño ocasionado al Estado. Sin embargo, tras varios años sin cumplir con la entrega de los inmuebles ofrecidos como reparación, y luego de sucesivas prórrogas otorgadas por la Justicia, el beneficio fue finalmente revocado en 2024.
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