Excepción de inconstitucionalidad traba preliminar a extitular de Essap y otros acusados

Excepción de inconstitucionalidad traba preliminar a extitular de Essap y otros acusados

Se suspendió la audiencia preliminar del extitular de la ESSAP, Omar Ludovico Sarubbi, y otras 34 personas, en la causa por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 17.000 millones, entre los años 2015 y 2016. La diligencia estaba prevista ante el juez José Delmás Las defensas plantearon una excepción de inconstitucionalidad contra la […]

Se suspendió la audiencia preliminar del extitular de la ESSAP, Omar Ludovico Sarubbi, y otras 34 personas, en la causa por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 17.000 millones, entre los años 2015 y 2016. La diligencia estaba prevista ante el juez José Delmás

Las defensas plantearon una excepción de inconstitucionalidad contra la fijación de la audiencia. Cabe recordar que la causa fue reabierta luego de lo resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema en febrero de 224, ante el recurso extraordinario de casación de la Fiscal Adjunta Soledad Machuca, contra el AI 239 del 24 de junio de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación Primera Sala de la Capital, el cual confirmó el sobreseimiento definitivo de Sarubbi y otros acusados, según AI 1.126 del 17 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Nº 3 de la Capital.

En cuanto al motivo aludido por la recurrente, la misma manifiesta que la resolución se encuentra infundada, pues según dice, la Alzada evadió contestar los agravios presentados por su parte en el escrito de apelación genera Arguye que tanto el Juzgado Penal de Garantías cometió el error con respecto al alcance del artículo 358 del Código Procesal Penal y que la Fiscalía General tiene dos posibilidades: ratificar el requerimiento del fiscal inferior o acusar, expresó en su momento el voto del ministro Alberto Martínez Simón.

Para el ministro Ramírez Candia los fundamentos vertidos por el Tribunal de Alzada son incorrectos al afirmar que el art. 358 del Código Procesal Penal solo faculta a la Fiscalía General del Estado a acusar o ratificar el pronunciamiento del fiscal inferior, aun cuando esta afirmación en principio pudiera parecer acertada si se limita la interpretación exclusivamente a la literalidad de la ley.

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