Se trata de un juicio laboral que lleva 17 años, con sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia. En la Comuna admiten la deuda y señalan que van a pagar de acuerdo a disponibilidad.
Se trata de una lucha que en el ámbito judicial llegó hasta la máxima instancia, que condena a la Comuna al pago de la suma de G. 3.754.546.872 que debe ser distribuida entre los 23 accionantes de un grupo de 400 funcionarios municipales que fueron despedidos ilegalmente por el entonces intendente municipal Javier Zacarías Irun.
Hay una cuenta judicial abierta en el Banco Nacional de Fomento, en la cual a la fecha la Comuna lleva depositados G. 150.000.000, cifra considerada muy pequeña por los afectados que señalan que hace 17 años están peleando por sus derechos laborales violados.
"Para después de tantos años de lucha, nosotros consideramos una burla. Si depositaban por lo menos G. 1.000.000.000 no estaríamos acá, porque sería una suma razonable con relación a lo que nos deben. Con este monto es imposible quedarnos callados. Solo estamos reclamando lo que la justicia dice que por derecho nos corresponde", comentó Gualberto Burgos, uno de los accionantes, al señalar que llegaron a un acuerdo en no tocar la cifra ya depositada.
Dijo que la Comuna reconoce la deuda, pero que tampoco les paga. "Siempre dicen que no tiene fondo, que de acuerdo a la disponibilidad, pero por lo visto nunca disponen de nada para nosotros. Desde el año pasado está presupuestado y por sanción ficta pasó para este año, ingresando automáticamente dentro del presupuesto anual del Municipio".
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