Además, pidió a la representante del Ministerio Público el sobreseimiento definitivo.
Los profesionales del derecho argumentan que no se le puede atribuir ningún hecho punible de índole patrimonial a su cliente, debido a que el pago no ha ocasionado ningún perjuicio al Ministerio Público, puesto que el pago de los certificados de obras números 30 y 31 presentados por el Consorcio Baumann & Beta se realizó en forma debida.
Sin embargo, la fiscala González manifiesta en su acta de imputación que Burgos, junto a Adalberto Benítez Aguilera, ex director de Obras y Proyectos, estarían involucrados en el desembolso de G. 1.220.254.742 y G. 830.689.982, que fueron depositados en la cuenta del mencionado consorcio. Esto, para la construcción de la sede fiscal de Encarnación.
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