El caso fue denunciado ante la CIDH y admitido en el 2003. Según la demanda, el Estado no cumplió con parte del acuerdo y el caso ya ha llegado a instancias de la Corte IDH. “Parece que de repente se acordaron de Paraguay e hicieron esa serie de peticiones, lo que complica un poco nuestra labor, pues estábamos centrándonos en el caso Arrom-Martí, ya que el 8 de marzo es una fecha impostergable para presentar la contestación final, y es muy llamativo”, sostuvo el fiscal adjunto de DDHH, Ricardo Merlo.
El próximo viernes, el Estado debe responder por escrito todas las dudas planteadas por los jueces de la Corte IDH. Los alegatos finales y las observaciones tienen un plazo máximo del 8 de marzo para ser remitidos a la Corte IDH.
No obstante, llamativamente según el Gobierno, la Comisión (CIDH) remitió esta semana cuatro casos en los que el Gobierno también debe responder.
Los casos. Uno de los casos es sobre la demanda del ex fiscal Alejandro Nissen ante la CIDH, quien exige USD 300.000 por su supuesta remoción irregular del Ministerio Público.
Nissen explicó en la demanda que lo removieron del cargo en el año 2003 por investigar al entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher.
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