Una serie de posiciones dadas a conocer en el fuero electoral sobre el tema del uso del Registro Cívico Permanente como base de padrón de la Concertación Nacional conformada por la oposición, desde opiniones de fiscales hasta actuaciones de jueces, confirma a la opinión pública el nivel de parcialidad a que han llegado sus integrantes jurisdiccionales, en busca de impedir cualquier desafío a la prolongada hegemonía que la ANR mantiene sobre nuestro país. Las objeciones que se presentan no tienen otro fin que restringir la participación, dificultar la alternancia y debilitar el pluralismo.
Una serie de posiciones dadas a conocer en el fuero electoral sobre el tema del uso del Registro Cívico Permanente como base de padrón de la Concertación Nacional conformada por la oposición, desde opiniones de fiscales hasta actuaciones de jueces, confirma a la opinión pública el nivel de parcialidad a que han llegado sus integrantes jurisdiccionales, en busca de impedir cualquier desafío a la prolongada hegemonía que la Asociación Nacional Republicana mantiene sobre nuestro país.
El detalle de dichos desarrollos está expuesto con suficiencia en las presentaciones realizadas al respecto por las partes, pero lo que cabe exponer aquí son las falacias más groseras esgrimidas a favor de la ANR en la controversia.
Se sostiene, por ejemplo, que los no afiliados a los partidos de la Concertación no pueden formar parte de su padrón, haciendo referencia al artículo 58 del Código Electoral que menciona que “los partidos políticos están obligados a llevar el registro actualizado de sus afiliados, por localidad, de conformidad con sus estructuras internas de base”.
El mencionado artículo, al adoptar tal disposición, no hace referencia a las concertaciones, que se rigen por una ley especial, la 3212, que no restringe en manera alguna el uso del Registro Cívico Permanente.
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