Desde antes del inicio del mandato del actual Gobierno se viene escuchando que la revisión del Anexo C y/o la renegociación del Tratado de Itaipú (en el 2023) debe ser asumida como una “causa nacional”, principalmente por autoridades, porque se trata de un tema de alto impacto sobre toda la nación.
La frase se convirtió en la expresión predilecta de parlamentarios, dirigentes políticos, analistas, economistas, abogados, ingenieros y periodistas. Incluso, en una ocasión lo escuché hablar al respecto al presidente Mario Abdo Benítez, aunque no con tanto entusiasmo o convicción.
Era el tema del momento hasta que se firmó secretamente el nefasto documento denominado “Acta Bilateral” el pasado 24 de mayo, conocida por la opinión pública dos meses después, tras la renuncia del Ing. Pedro Ferreira a la presidencia de la ANDE. Ahora, el acta no es el tema que quiero analizar en esta columna, que ciertamente dejó bastante golpeada y enfrentada a la sociedad, sino a la ausencia de una línea política clara de lo que pretendemos lograr con miras al 2023 (ojalá esté equivocado en este sentido).
Hay que destacar que esa “bajada de línea” es una atribución y a la vez una responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo. Nadie más lo puede hacer. Pero me temo que el Gobierno ha dilapidado un valioso tiempo, porque debió tenerla ya en su plataforma política durante las campañas para las elecciones internas y las generales.
Una señal preocupante de que el Ejecutivo nada tiene en manos sobre este asunto es la creación de la “Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C”, compuesto por casi un centenar de personas de diversas ideas políticas e ideológicas; entre las cuales, inclusive, están algunos de los que han defendido o tratado de justificar el Acta Bilateral. Nadie se imagina lo que puede salir de allí.
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