En el 2022, el Congreso aprobó una Ley 6954 para racionalizar el gasto público, prohibiendo los cupos de combustible. Sorpresivamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema suspendió los efectos de la ley, reglamentos y decretos que prohíben la asignación de cupo de combustible a autoridades y funcionarios del Poder Judicial, alegando “perjuicios irreparables” en el plan de gastos 2025. La sentencia fue firmada en forma unánime por los ministros Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera, quienes le dieron trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por Gustavo Gorostiaga, que presentó la acción en nombre y representación de la Corte Suprema. En este caso, la Corte usó su máximo e irrebatible poder para beneficio propio y desestimó una de las pocas leyes que cortaba el despilfarro público. La Comisión Interamericana de DDHH resaltó en su informe anual 2024, que el Paraguay enfrentó desafíos con la aprobación de una ley “que limita la libertad de asociación, lo que podría restringir la labor de defensa de los derechos humanos”, en referencia a la ley anti-ONG. Además del caso de la ex senadora, los temas citados son algunos ejemplos de pleitos políticos que podrían terminar ante la Corte Suprema.
En el 2022, el Congreso aprobó una Ley 6954 para racionalizar el gasto público, prohibiendo los cupos de combustible. Denegaba así la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales a las autoridades y funcionarios de los tres Poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, en todas sus modalidades y de forma permanente. Quedaban exceptuadas de esta disposición las entidades que por la naturaleza de...
Entonces en el Congreso se habló de equidad, justicia, buena distribución de los recursos públicos y la necesidad de cortar los privilegios que enervaban a la ciudadanía.
Este tipo de decisiones no son noticia frecuente en un Parlamento que día a día sorprende e indigna con los escandalosos beneficios que se otorgan a sí mismos o a su nómina partidaria como si el presupuesto fuese una canilla abierta desde donde fluye el dinero de manera mágica, y no del fruto trabajoso del pago de impuestos.
Pero la mala noticia no vino esta vez de los corsarios de siempre, sino de la Justicia. Sorpresivamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema suspendió los efectos de la ley, reglamentos y decretos que prohíben la asignación de cupo de combustible a autoridades y funcionarios del Poder Judicial, alegando “perjuicios irreparables” en el plan de gastos 2025.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
