Una pensión de vejez digna es un derecho fundamental al que deberían tener acceso todas las personas mayores que dedicaron su vida al trabajo. Garantizar que una persona no caiga en la pobreza cuando llegue al final de la edad productiva requiere de un sistema de jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas de amplia cobertura. El ahorro previsional y los programas de transferencia de renta fiscal son fundamentales como parte de la política de protección social en los países en desarrollo. Y la disponibilidad financiera de largo plazo de los fondos de pensiones puede contribuir significativamente a las inversiones de capital, claro está, bajo estrictas normas de seguridad y rentabilidad que protejan esas reservas.
La cobertura de pensiones en el Paraguay es de solo 21% de la fuerza laboral, lo que nos ubica entre los países con menor atención de la seguridad social. Ocho de cada diez personas en edad de trabajar no tienen seguro y los que lo tienen son los asalariados del sector formal afiliados al Instituto de Previsión Social y los empleados públicos, maestros, docentes universitarios, magistrados judiciales, militares y policías cubiertos por las cajas fiscales de jubilaciones.
Además de la baja cobertura del seguro social, los exiguos montos de las pensiones no alcanzan para que los jubilados lleven una vida digna, lo que desalienta a las personas en edad productiva a sacrificar parte de su ingreso y consumo presente para asegurar su consumo futuro como adultos mayores.
Otra fuerte restricción es la gran informalidad del mercado de trabajo, que emplea a la fuerza laboral sin ningún tipo de seguro. Esta situación afecta a asalariados, cuentapropistas y trabajadores domésticos que, en su gran mayoría, no conocen sus derechos, pero también a muchos empleados en empresas que eluden su obligación legal de asegurar a sus trabajadores. Por eso, así como se dio inicio a una campaña de educación financiera, también es necesario desarrollar una campaña de difusión y promoción de la seguridad social.
En el año 2009 se puso en marcha un programa de pensión de adultos mayores en situación de pobreza, que les asigna un subsidio equivalente a la cuarta parte del salario mínimo legal que contribuye, en parte, con los gastos de la vejez. En la actualidad esta pensión llega a 148.000 personas que viven en áreas urbanas y rurales del país.
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