El viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia está implementando un programa de monitoreo procesal que busca descongestionar las cárceles del país. Consiste en controlar cada caso de persona privada de su libertad, aún sin condena, que no llegue a los dos años de prisión preventiva, que es el plazo máximo establecido. Si pasa ese lapso y no es condenado, debería quedar en libertad.
Al respecto, el viceministro de Política Criminal Omar Rodríguez dijo que realizan un trabajo de test de diagnóstico de la población penal no condenada. “A los un año tratamos de comunicar a los órganos jurisdiccionales que está un año sin condena, también al Ministerio Público; un año y medio sin condena ya es mucho y si cumple dos años ya automáticamente debería de salir”, expresó.
En la actualidad la población penal del país llega a alrededor de 13.000 personas encerradas, de las cuales el 20 por ciento cuenta con condena firme, y un 80 por ciento está con prisión preventiva.
Al respecto, Rodríguez dijo que eso dificulta un poco de alguna manera la obligación constitucional de la rehabilitación del reo.
De acuerdo a los datos que manejan como resultado del test de diagnóstico, en la actualidad entre el 5 y 6 por ciento de las personas con prisión preventiva está por cumplir dos años de encierro, y que un 0,8 por ciento ya habría pasado dos años de prisión preventiva.
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