25.000 por falta de pago o exceso de tiempo, habilitando la colocación del cepo tras una hora de mora y el traslado con grúa si el vehículo permanece inmovilizado por más de 24 horas. Desde la oposición, concejales cuestionaron el carácter recaudatorio del estacionamiento tarifado, la falta de información sobre los ingresos generados y el impacto negativo que podría tener en la actividad comercial y turística, consolidándose como una de las decisiones más polémicas de la actual administración municipal.
La Municipalidad de Encarnación avanzó con la ampliación del sistema de estacionamiento controlado tarifado en la vía pública, incorporando sanciones como la inmovilización de vehículos mediante cepos y su remoción con grúa. La medida fue adoptada por el intendente Luis Yd a través de la figura de la sanción ficta, al considerar aprobada la modificación de la Ordenanza N.º 88/2023 ante la falta de cuórum en la Junta Municipal, decisión que se concretó pese a los cuestionamientos de distintos sectores ciudadanos y políticos.
La normativa actualizada establece una nueva zonificación y amplía los horarios del estacionamiento medido. El servicio se aplicará en la explanada de la Playa San José, de 10:00 a 00:00, y en el paseo gastronómico, de 17:00 a 00:00. En tanto, en el microcentro, el circuito comercial y las principales avenidas, el horario será de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00, mientras que los sábados regirá de 08:30 a 15:00. Además, se fija una multa de G. 25.000 por falta de pago o exceso de tiempo, habilitando la colocación del cepo tras una hora de mora y el traslado con grúa si el vehículo permanece...
La implementación del sistema generó un fuerte rechazo social, con críticas de ciudadanos, comerciantes y referentes políticos que califican la medida como un “ahogamiento económico”, especialmente para trabajadores y turistas que frecuentan el microcentro.
Desde la oposición, concejales cuestionaron el carácter recaudatorio del estacionamiento tarifado, la falta de información sobre los ingresos generados y el impacto negativo que podría tener en la actividad comercial y turística, consolidándose como una de las decisiones más polémicas de la actual administración municipal.
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