Desde el 16 de julio de 2025 rige la Ley N.º 7371/2025, que introduce modificaciones fundamentales al Código Civil y al Código de Organización Judicial para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley N.º 7371/2025, en vigor desde el 16 de julio del presente año, incorpora un nuevo paradigma en el ordenamiento jurídico paraguayo respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Inspirada en un enfoque de derechos humanos, la normativa se alinea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado paraguayo mediante la Ley N.º 3540/2008.
Desde el 16 de julio de 2025 rige la Ley N.º 7371/2025, que introduce modificaciones fundamentales al Código Civil y al Código de Organización Judicial para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La norma establece un modelo de apoyos personalizados y la Dirección General de los Registros Públicos insta a su amplia difusión entre magistrados y funcionarios judiciales.
La Ley N.º 7371/2025, en vigor desde el 16 de julio del presente año, incorpora un nuevo paradigma en el ordenamiento jurídico paraguayo respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Inspirada en un enfoque de derechos humanos, la normativa se alinea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado paraguayo mediante la Ley N.º 3540/2008.
Entre sus principales disposiciones, la nueva legislación elimina las figuras de interdicción, insania y curatela, que tradicionalmente restringían el ejercicio pleno de derechos civiles. En su reemplazo, implementa un sistema de apoyos personalizados que busca respetar la voluntad, preferencias y autonomía de las personas con discapacidad en todos los actos de su vida civil.
Esta transformación implica la necesidad de adecuaciones inmediatas en la labor jurisdiccional. Juzgados y tribunales de todas las circunscripciones deberán revisar sus criterios de admisión, tramitación y resolución de causas vinculadas a capacidad jurídica, a fin de ajustarse a las disposiciones del nuevo marco legal.
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