La acordada 1.718 de este año, que establece los nuevos parámetros monetarios por constitución de expedientes, entró en vigor y es obligatorio que todos los jueces y tribunales tengan a la vista de los usuarios para que tengan presente cuánto es lo que deben abonar a los operadores del sistema judicial por sus constituciones como medida de mejor proveer o de otra índole.
La acordada entró en vigor y establece los montos específicos que pueden percibir tribunales, jueces y oficiales de justicia por la constitución de expedientes que realicen dentro de un proceso.
El texto reúne todas las acordadas y resoluciones dictadas en relación a lo relativo a la cobertura de gastos percibida por magistrados y funcionarios judiciales, en diligencias que excedan el marco normativo por el desplazamiento físico para el cumplimiento de determinadas diligencias a otro lugar.
“Las nuevas figuras en la legislación penal imponen una adecuada y específica determinación de cuáles serán los documentos por los cuales el interesado deberá abonar un monto en concepto de Cobertura de Gastos, de manera a desterrar la errada práctica de lucrar con la libertad de las personas o por el solo cumplimiento de deberes establecidos por la ley para determinados cargos y situaciones procesales”, señala parte del texto que busca transparentar lo percibido por los funcionarios y jueces al realizar una constitución en los casos.
Los pagos a partir de ahora se harán por transferencia bancaria u otro tipo de entidades de cobro, para optimizar el control de estos gastos en los que incurren las partes interesadas por lograr que un magistrado se constituya en un lugar fuera de su despacho.
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