Para mañana, en la Fiscalía General del Estado, está prevista una reunión entre la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez y los fiscales que tienen a su cargo la investigación al vicepresidente Hugo Velázquez, por supuesto intento de soborno de US$ 1 millón a un funcionario, “para evitar una investigación en su contra”.
En este encuentro, según fuentes, también se analizará el anunció que hizo el jueves pasado el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc Osfield, quien informó que tanto Cartes como Velázquez recibieron una sanción financiera de su gobierno.
En la reunión de prensa, el diplomático norteamericano también lanzó graves acusaciones contra ambos políticos del Partido Colorado, a quienes sindicó de haber sobornado a funcionarios públicos y de tener vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.
El soborno es un hecho punible que está previsto y penado en el artículo 302 del Código Penal y se castiga hasta con dos años de cárcel o con multa. En caso de que sea agravado, la pena se eleva a 3 años y si se comete con un juez o árbitro es de hasta 5 años. Se castiga también la tentativa, según nuestra disposición legal.
Lo primero que se requiere para avanzar en una investigación es identificar a los funcionarios o políticos a quienes Cartes o Velázquez sobornó o intentó sobornar. El embajador Osfield no dio ningún nombre durante el encuentro con medios de comunicación.
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