Una apabullante mayoría de los ciudadanos que asistieron ayer a la audiencia pública que convocó Diputados para debatir sobre las Notas Reversales que modifican el Tratado de Yacyretá rechazó el contenido de estos documentos, porque consideran que, una vez más, entregan nuestra soberanía energética en la central binacional.
La audiencia pública, que se desarrolló durante toda la mañana de ayer y que fue convocada por la Cámara de Diputados, tuvo una activa participación de los ciudadanos que colmaron la sala bicameral, quienes manifestaron su repudio a los documentos suscritos por los gobiernos de Horacio Cartes y de Mauricio Macri y Cristina Fernández. El gran ausente fue el director de la EBY, Ing. Ángel Recalde, negociador férreo defensor de estos documentos.
El Anexo C modificado carga sobre la EBY una deuda sin respaldo documentario con el Gobierno argentino; posterga, para financiar la nueva central del Aña Cua, hasta el 2023 el pago de la compensación por territorio inundado, año en que abonarán la primera de 10 cuotas anuales. En cuanto a la N.R Nº 2/14, sustituye el principio de la alternancia en la Dirección Ejecutiva de la EBY por un mecanismo pretendidamente paritario, que en rigor deja en manos argentinas más del 90% del negocio de Yacyretá.
De “traidores de la patria” y “entreguistas” trataron ayer los asistentes a los defensores del acuerdo Cartes-Macri y a todos los gobernantes que precedieron a Cartes en el cargo, “quienes deberían estar presos y sus bienes confiscados”. La senadora Desirée Masi dijo que toda la licitación para las obras de Aña Cua es para Pescarmona y otra firma vinculada a Jiménez Gaona.
De la exposición del abogado Theodore Stimson se concluye que en las nuevas modificaciones ni siquiera tuvieron la precaución de incluir una cláusula compromisoria entre ambos países para dirimir conflictos ante la Corte Internacional de Justicia. Entre los expositores estuvo también el expresidente Federico Franco.
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