El director de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Diego Torales, señaló que existe una grave contradicción entre lo que dice la ley procesal penal y el protocolo utilizado por la Policía, algo aprovechado por los invasores.
Los gremios estiman que unas 100.000 hectáreas no podrán sembrarse a causa de las invasiones que actualmente hay en el país, por lo que le consultamos al abogado Diego Torales sobre lo que dice la ley y el protocolo que utiliza la Policía junto a la Fiscalía para el desalojo de inmuebles invadidos.
“Yo creo que hay una gran contradicción entre lo que dice la ley procesal penal y el protocolo que tiene firmado la Fiscalía con el Ministerio del Interior, que en realidad es absolutamente ilegal. El Código Procesal Penal habla de interrupción de los hechos punibles: cuando hay flagrancia en un hecho punible, la Policía y la Fiscalía tienen que utilizar todos los elementos a su alcance para poder interrumpir la comisión de un hecho punible, o sea, que tienen que cortar con el delito que se está cometiendo, y eso no ocurre con el protocolo”, explicó.
Le consultamos al representante de la ARP qué dice el protocolo y explicó que este lo que hace es establecer un plazo para la denuncia, para que después, dentro de las 24 a 48 horas, el fiscal se constituya en el lugar para hablar con los invasores. Posteriormente, en una fase 2 se deben recaudar informes en la Dirección de Registros Públicos, informe a las distintas instituciones de Derechos Humanos, ya sea de Policía o de la Fiscalía, y se recaban todos los informes.
Recién en fase 3 se procede a lo que sería el desalojo, al que llaman “cese de hecho punible”, que en realidad es una fase de aprehensión de personas; para llegar a ella, la “negociación” puede durar un mes, dos o mucho tiempo más, y al final no se corta la comisión de un hecho punible, destacó Torales.
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