El 27 de julio pasado se presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una acusación contra la jueza de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, quien benefició con arresto domiciliario a 11 policías procesados por homicidio doloso y con expectativa de pena de 30 años de cárcel. En el escrito firmado por Mario Espínola Rojas, padre de una de las víctimas, se habla de un presunto esquema utilizado por la magistrada, y se enumeran los casos en los que supuestamente se habrían negociado las resoluciones, con anuencia de algunos fiscales, según se deja entrever en la denuncia. “La jueza obra sin temor alguno por sus nexos en el Jurado”, se enfatiza en la presentación, que se espera sea impulsada por el órgano juzgador, actualmente presidido por el diputado colorado Orlando Arévalo.
Mario Espínola Rojas, en su carácter de querellante adhesivo, padre de una de las víctimas, Gloria Yesica Espínola, presentó acusación contra Cinthia María Garcete Urunaga por mal desempeño de funciones, específicamente en lo que respecta al artículo 14 de la ley del Jurado, inciso g) mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes reveladas en juicio…”.
La jueza acusada ordenó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva de los 11 policías imputados, en reiteradas ocasiones había negado el pedido y fundamentó el rechazo con base a la gravedad del hecho, el marco penal de hasta 30 años de cárcel, la obstrucción, falta de arraigo, los antecedentes penales de los procesados e incluso hizo mención a la Acordada N° 1551 de la Corte, que establece algunas directrices con respecto a la prisión preventiva.
“Luego de algunas maniobras de los fiscales que fueron designados para atender en la causa y que son Vanesa Antonia Candia, Alcides Giménez y Diana Gómez, se empezó a armar el esquema que se utilizaría para que los fiscales no se opongan al otorgamiento del arresto domiciliario, llegando a un acuerdo con la jueza de que no se opondrían a las medidas que otorgare. Extraoficialmente se habla de G. 300 millones y otros tantos al fiscal Alcides Giménez, hecho por el cual se izo una denuncia ante la fiscalía anticorrupción”, refiere una parte de la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Este mismo procedimiento de quitar al fiscal titular de la causa y el arreglo con el fiscal que toma el caso ya ha sido implementado por esta jueza en otros casos, que deberían ser investigados de oficio por el Jurado.
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