Todo indica que la próxima colocación de bonos soberanos en el mercado internacional llevaría al Estado a pagar una mayor tasa de interés para conseguir los fondos para bicicletear la deuda y pagar obras de infraestructura, por el riesgo que conlleva una emisión de dudosa legalidad, porque no cuenta con autorización del Congreso. No obstante, analistas guardan cautela sobre probable porcentaje.
Se estima que la próxima colocación de bonos soberanos por US$ 500 millones, a realizarse en marzo, será a diez años de plazo y que la tasa podría ser mayor a la emisión del 2016, a raíz de la incertidumbre que generaría en los potenciales inversionistas la dudosa legalidad de la operación. La emisión de bonos por US$ 600 millones del año pasado, también a diez años de plazo, tiene una tasa de 5%; lo que es levemente superior a la primera, que data de 2013, cuando se emitieron US$ 500 millones, a diez años de plazo, y con una tasa de 4,62%.
La colocación efectuada en 2014, por US$ 1.000 millones y a 20 años de plazo, paga un interés de 6,1%, y la de 2015, por US$ 280 millones –reapertura de la primera emisión–, 4,15% de interés (ver cuadro ilustrativo).
La próxima emisión planeada por el Gobierno no tiene la autorización del Congreso y se respalda en una medida cautelar de la Corte Suprema, emitida tras una solicitud de “acción declarativa de certeza constitucional”, figura inexistente en la Constitución.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, dijo que la medida cautelar no es vinculante, pero reconoció que usarán como aval para convencer a los inversionistas de que tiene respaldo en la Ley de Presupuesto General 2016, cuya vigencia se mantiene luego de que el Ejecutivo vetara la Ley de Presupuesto 2017 sancionada por el Congreso.
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