El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó en todos sus términos el Auto Interlocutorio N° 318, dictado por el Juez Penal de Garantías Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, que ordenó la apertura a juicio oral y público para Roberto Damián Garcete Rodríguez y Roberto Alejandro Garcete Cano, acusados […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó en todos sus términos el Auto Interlocutorio N° 318, dictado por el Juez Penal de Garantías Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, que ordenó la apertura a juicio oral y público para Roberto Damián Garcete Rodríguez y Roberto Alejandro Garcete Cano, acusados por lavado de dinero y usura, por supuestamente haber cobrado el doble de lo concedido en un préstamo, además se quedaron con una propiedad de G 1.500 millones que fue ofrecida como garantía.
El abogado defensor, Christian Tuma, había apelado varios puntos de la resolución, alegando nulidad de la acusación, falta de acción por prescripción y exclusión de pruebas. Sostuvo que la acusación carecía de fundamentación suficiente y que el juez había copiado los argumentos de la Fiscalía sin analizar la participación concreta de los acusados. Además, argumentó que los hechos imputados habían prescrito y que se había negado injustificadamente la inclusión de pruebas documentales y testificales clave para la defensa.
La preopinión del Dr. Arnaldo Fleitas refiere que según la doctrina, no todo vicio acarrea nulidad; pues para ello se requiere, como en la generalidad de los sistemas jurídicos contemporáneos, que la sanción de nulidad esté expresamente prevista por la ley o que el acto procesal carezca de los requisitos indispensables para cumplir con su finalidad.
En el caso puntual que nos ocupa, no se dan ninguno de estos presupuestos respecto a las garantías procesales del acusado. Tampoco se dan circunstancias que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente y del Código Procesal Penal.”
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