Norma Colledani, coordinadora de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que la situación penitenciaria debe ser abordada como una cuestión vinculada directamente con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En el marco de la tercera jornada sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el financiamiento de la Unión Europea, Norma Colledani, coordinadora de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2022, puso el foco en la relación entre el funcionamiento de los sistemas penitenciarios y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
Durante su exposición, sostuvo que hablar de los derechos de las personas privadas de libertad implica necesariamente hablar de democracia y de los límites al ejercicio del poder estatal.
Al referirse al compendio elaborado por la CIDH sobre institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos, Colledani señaló que la Comisión parte de una premisa fundamental: “La vigencia del Estado de Derecho exige la existencia de un orden jurídico e institucional en el que el ejercicio de poder esté sujeto a límites, control y responsabilidades”.
Para la funcionaria, este principio resulta central porque permite comprender que el Estado de Derecho no se reduce a la existencia de leyes, constituciones o instituciones. Su verdadera dimensión, explicó, se observa en la manera en que el poder público es ejercido y en cómo las autoridades actúan dentro del marco de sus competencias.
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