Tomó estado público el actuar poco claro, por decir lo menos, de la fiscal Laura Ávalos, quien se allanó al pedido de la defensa y requirió la suspensión condicional del procedimiento para el responsable de al menos tres tipos penales descritos en la Ley 716/96, que sanciona hechos punibles ambientales, y en el Código Penal, […]
Tomó estado público el actuar poco claro, por decir lo menos, de la fiscal Laura Ávalos, quien se allanó al pedido de la defensa y requirió la suspensión condicional del procedimiento para el responsable de al menos tres tipos penales descritos en la Ley 716/96, que sanciona hechos punibles ambientales, y en el Código Penal, siendo uno de ellos considerado crimen.
El desmonte ilegal es un hecho punible catalogado como crimen, ya que su expectativa de pena va de 3 a 8 años de privación de libertad. A esto se suman los hechos punibles de eludir obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental y el perjuicio a reservas naturales. El primero con una expectativa de pena de 1 a 5 años, y el segundo, de 6 meses a 3 años de pena privativa de libertad.
Según la acusación del propio Ministerio Público, se trata de un inmueble que sufrió el desmonte ilegal de 2.900 hectáreas, por lo que se configuran los tipos penales mencionados más arriba. En estos casos, en lugar de minimizar o hacer la vista gorda respecto al hecho punible más grave, la Fiscalía tiene la obligación de llevar el caso a juicio oral y solicitar una pena aleccionadora que derive de un concurso de delitos, y que podría incluso llegar a los 12 años de pena privativa de libertad para el culpable del crimen ambiental. La jueza Fany Cáceres, al notar la improcedencia de lo...
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