El colectivo de abogados matriculados de nuestro país elegirá mañana a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura. Mediante la conformación plural de este Consejo, la Constitución buscó favorecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo que su integración dependa exclusivamente de los poderes políticos. En la práctica, la atinada intención de los convencionales de 1992 resultó frustrada por la partidocracia dominante; es decir, por el mismo perverso sistema que quisieron contrarrestar. El grave problema, el obstáculo inicial, radica en la designación de los consejeros. La influencia de la mafia partidocrática es tan fuerte que la ciudadanía puede tener la certeza de que los representantes de los abogados serán elegidos atendiendo su condición de miembros de un partido tradicional y hasta su adhesión a algún movimiento interno. De hecho, entonces no habrá elecciones gremiales, sino una votación partidaria.
El colectivo de abogados matriculados de nuestro país elegirá mañana a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, órgano de origen constitucional cuyas funciones principales son elevar al Senado las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que los nombre con acuerdo del Poder Ejecutivo; y proponer a la máxima instancia judicial las ternas de candidatos para los cargos de camarista, juez y agente fiscal, debiendo considerar, en todos los casos, los méritos y las aptitudes de los postulantes.
Mediante la conformación plural del Consejo, del que también forman parte un ministro de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo, dos legisladores y dos profesores de Derecho elegidos por sus pares, la Constitución buscó favorecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo que su integración dependa exclusivamente de los poderes políticos. Al mismo objetivo apuntó la exigencia de que el criterio de selección de los magistrados y de los agentes fiscales sea el de la idoneidad para los cargos respectivos.
En la práctica, la atinada intención de los convencionales de 1992 resultó frustrada por la partidocracia dominante; es decir, por el mismo perverso sistema que quisieron contrarrestar. En efecto, la gestión del Consejo, a lo largo de estos años, muestra que fue incapaz de impedir que el carnet partidario o las recomendaciones sean decisivos a la hora de efectuar los nombramientos.
El grave problema, el obstáculo inicial, radica en la designación de los consejeros. Podría afirmarse que es ingenuo pretender que los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo ignoren los factores político-partidarios en el ejercicio de algún cargo, siendo ellos mismos políticos, pero al menos cabía esperar que los abogados y los profesores de Derecho escojan a los suyos considerando solo su interés profesional de que la administración de justicia esté en manos de colegas honorables, capaces y diligentes. Se confió en que sus representantes responderían a la confianza...
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