En el 2013 fue aprobado por el Congreso el contrato de préstamo suscrito por el Gobierno de Fernando Lugo para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” por un total de US$ 144 millones. Nadie imaginó que esto que parecía ser un acertado proyecto del primer Gobierno de alternancia en más de medio siglo de hegemonía colorada se convertiría en una histórica estafa intelectual al Pueblo paraguayo y en una colosal estafa económica al Estado, deviniendo una piñata para los aprovechadores de siempre, acostumbrados a medrar a costa de la “Patria Contratista” en que se ha convertido últimamente el Paraguay.
En el año 2013 fue aprobado por el Congreso el contrato de préstamo suscrito por el Gobierno de Fernando Lugo para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” por un total de US$ 144 millones. De ese total, correspondieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) US$ 125 millones; US$ 19 millones a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y US$ 16 millones en concepto de contrapartida local. Del total del empréstito, US$ 22,1 millones debían destinarse para la “reconversión urbana”,...
En el inicio, nadie imaginó que esto que parecía ser un acertado proyecto del primer Gobierno de alternancia política en más de medio siglo de hegemonía colorada se convertiría en una histórica estafa intelectual al Pueblo paraguayo y en una colosal estafa económica al Estado, deviniendo una piñata de la que se aprovecharon concusionarios empotrados en los altos cargos de los gobiernos de turno y empresarios acostumbrados a medrar a costa de la “Patria Contratista” en que se ha convertido últimamente el Paraguay.
No dejó de ser una ominosa señal premonitoria que pese a que el Congreso aún no había aprobado el convenio de préstamo con el BID, el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, consiguió que el cuestionado representante del banco en nuestro país en la época, Eduardo Almeida, pusiera ilegalmente a su libre disposición unos US$ 7 millones, supuestamente para obras de emergencia previstas dentro del plan de “reconversión urbana” en un barrio adyacente al antiguo puerto de la Capital.
Al asumir el Gobierno el expresidente Horacio Cartes, su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, se apresuró a dar la orden de inicio de los trabajos del Proyecto Metrobús que, como tal, era un mero anteproyecto indicativo, sin siquiera saberse si iría a ser servido por unidades de transporte eléctrico o simples buses movidos a diésel, como en el final quedó establecido para desencanto de la ciudadanía. Lo grave del caso es que tanto la prensa como varios técnicos advirtieron sobre la inviabilidad del proyecto por varios motivos, pese a lo cual fue llevado adelante...
Leer la nota completa en Diario ABC
