La indignación por la muerte de Rubito –nombre con que bautizaron los animaleros al felino filmado mientras un can pastor alemán lo atacaba por orden de su dueña– movilizó hace unas semanas a organizaciones a exigir la aplicación de la Ley 4840 De Protección y Bienestar Animal, que es “letra muerta” desde que se promulgó en el 2013.
Un día después, Delio Ramón Calonga fue imputado por disparar con una escopeta a un perro que pasaba cerca de su propiedad. Según vecinos, no era la primera vez que lo hacía. El hombre fue imputado por transgresión a la ley de armas, producción de riesgos comunes y perturbación a la paz pública.
Pero el morbo y el goce con que se cometió la crueldad contra Rubito –estos hechos muy pocas veces son registrados–, no solo desconcertó en las redes. La indignación se trasladó a la calle cuando un grupo de ciudadanos marcharon junto a sus mascotas por la Costanera de Asunción para pedir justicia.
Raquel Cubilla, impulsora de la Ley 4840, sostiene que al Poder Ejecutivo no le interesa lo concerniente a la vida animal, pues pese a que la normativa se promulgó hace más de 3 años, esta se encuentra sin reglamentación y acéfala de autoridad de aplicación. Son demasiadas las personas que desconocen o no reconocen la plena vigencia de la ley, y si una persona va a la comisaría a hacer una denuncia de maltrato solo sirve para sentar precedente.
La Fiscalía –explica Cubilla–, tiene la potestad y obligación de velar el cumplimiento irrestricto de toda ley vigente, pues debe actuar en el caso de Rubito y otros innumerables casos denunciados.
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