El juicio político en Paraguay: De mecanismo excepcional a herramienta clave de crisis y destituciones

El juicio político en Paraguay: De mecanismo excepcional a herramienta clave de crisis y destituciones

Un repaso histórico del historiador Herib Caballero Campos analiza la evolución constitucional de esta figura jurídica en el país, desde el primer proceso contra miembros del Tribunal Superior de Justicia en 1889 y la inédita autoacusación de José Patricio Guggiari en 1931, hasta su…

La figura del juicio político fue establecida en la organización jurídica institucional paraguaya con la Constitución de 1870. En su artículo 56 se establecía que el Senado juzgaría en juicio publico a los acusados por la Cámara de Diputados y que cuando el acusado sea el Presidente de la República, el Senado sería presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. La primera vez que dicha institución se puso en funcionamiento fue cuando en 1889 se sometió a juicio político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia que eran Alejandro Audibert, Domingo A. Ortíz y Luis Burone.

En 1931 tras la masacre de estudiantes en los jardines del Palacio de Gobierno el 23 de octubre, fue la primera vez que un Primer Magistrado fue sometido al juicio político. José Patricio Guggiari fue sometido a juicio político, con una particularidad, la oposición colorada se había retirado tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En este caso particular fue el propio presidente Guggiari quien solicito ser sometido al juicio político. Desde el 25 de octubre mientras se celebró el juicio político el gobierno quedó a cargo del vicepresidente Emiliano González Navero. El veredicto del...

Por la influencia de las ideologías predominantes en el mundo, la Carta Política de 1940 suprimió la figura del Juicio Político, de hecho se estableció un congreso unicameral conformado por la Cámara de Representantes. Cuando en 1967 se promulgó la Constitución, la misma reestablecía el congreso bicameral pero sin la atribución del Juicio Político. Fue en 1992 en los albores del proceso de transición a la democracia que se reestableció dicho procedimiento, determinando que el Senado requería de 30 votos para proceder a la destitución de los funcionarios sometidos a juicio.

La primera vez que se planteó en la transición un juicio político contra un Presidente de la República, fue en noviembre de 1994 contra el Ingeniero Juan Carlos Wasmosy, la iniciativa no tuvo los votos necesarios para lograr la acusación de la Cámara de Diputados.

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