El último 22 de septiembre, un oficial de Justicia derribó parte de la vivienda de Juan Báez, un humilde poblador de la compañía Mbatovi, de Paraguarí, ubicada desde hace largos años en un predio del Indert, apetecido por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala y su esposo Jacinto Santa María. La operación fue efectuada en virtud de un mandamiento emitido por la jueza Sady Barreto, en ejecución de un fallo de la jueza Nancy Cabrera, pero el Indert aclaró que la finca en cuestión pertenece efectivamente a dicho organismo. Sería inaceptable que esta indignante historia terminara solo con la titulación del inmueble en favor de la víctima: las juezas Nancy Cabrera y Sady Barreto no deben seguir deshonrando sus respectivos cargos y el perjuicio causado tiene que ser resarcido.
El JEM debe investigar grave caso en perjuicio de poblador de Mbatovi
El último 22 de septiembre, un oficial de Justicia derribó parte de la vivienda de Juan Báez, un humilde poblador de la compañía Mbatovi, de Paraguarí, ubicada desde hace largos años en un predio del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), apetecido por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala y su esposo Jacinto Santa María. La operación fue efectuada en virtud de un mandamiento emitido por la jueza Sady Barreto, que ordenaba “la destrucción de la edificación objeto del litigio y el inmediato desahucio de los accionados”. El mandamiento ejecutó un fallo de la...
El 5 de septiembre, en el juicio por difamación y calumnia promovido por el matrimonio referido contra la directora de este diario, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, paradójicamente enjuiciados por ejercer la libertad de expresión y de prensa al publicar los hechos denunciados por el señor Juan Báez, el juez Juan Carlos Zárate no dudó en calificar la sentencia de “arbitraria”, pues la juzgadora “incluyó el término ‘y la restitución de la posesión’, cuando esta no era una acción reivindicatoria”; habría incurrido así en “una violación del derecho para perjudicar a una...
El Código Penal castiga con dos a cinco años de cárcel al juez que, teniendo a su cargo la decisión de algún asunto jurídico, “resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes”; la pena privativa de libertad puede llegar hasta diez años, “en los casos especialmente graves”. Parece claro, pues, que lo afirmado por el juez Zárate supone que la jueza Cabrera cometió el hecho punible de prevaricato, razón suficiente para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tome cartas en el fétido asunto, dado que se habría violado el derecho para favorecer al...
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