En la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional se llevó a cabo ayer la firma de un preacuerdo mediante el cual el Estado acepta su responsabilidad en el asesinato del dirigente campesino Eulalio Blanco, ejecutado por la Policía Nacional en junio del 2003 durante una protesta de cedroneros en el cruce de Santa Rosa del Aguaray, en el Departamento de San Pedro.
Dichas cláusulas establecen que el Estado debe aceptar la responsabilidad de las violaciones al derecho a la vida en un acto público, medida que debe ser acompañada de una reparación económica.
La familia de Eulalio Blanco estuvo representada por Agripino Agüero, quien señaló que transmitirá a toda su familia las disculpas ofrecidas por los representantes del Estado y expresó su satisfacción de llegar a este acuerdo después de trece años, que ahora espera que se cumpla antes de que muera su madre, Florentina Olmedo viuda de Blanco.
Estuvieron presentes el director de la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel González Bibolini; Andrés Ramírez, director de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos Humanos - Paraguay (Codehupy).
Destacaron el acuerdo como un precedente para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.
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