La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp), la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), entre otros, calificaron la iniciativa como inconstitucional “por atentar en contra de los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia económica”.
“Tendrá un efecto negativo para la economía nacional, pues hará disminuir drásticamente la recaudación del Estado, pondrá en peligro la salud pública y generará desigualdad en el comercio paraguayo”, refirieron en el pronunciamiento. Añadieron que en la práctica, si se llega a aprobar el proyecto, habrá enormes beneficios “para un pequeño grupo privilegiado de empresarios de frontera y no para la mayoría del país”.
Igualmente, manifestaron que uno de los mayores efectos negativos será que se tendrán productos controlados por las instituciones pertinentes en gran parte del país y otros no controlados en las ciudades fronterizas. “El control de la cadena alimenticia y de productos químicos es una obligación para el Estado y un derecho para el ciudadano conforme lo establece el artículo 72 de la Constitución Nacional”, reclaman.
Asimismo, aseguran que el modelo planteado minimiza los controles del Estado en materia aduanera y elimina los requisitos de derechos marcarios y de propiedad intelectual, licencias previas de importación, “y en definitiva, todas las restricciones económicas y exigencias previstas para la importación general”, según el texto.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
