Lograr la trazabilidad del dinero y transparentar las campañas políticas para evitar el ingreso de dinero sucio en el financiamiento de candidaturas será uno de los desafíos del gobierno entrante. Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se insiste en modificar la Ley Nº 6105/2020 para tener mayor control sobre las candidaturas y su financiamiento, pues ahora solo es una institución de cumplimiento y no tiene facultad para prohibir o inhabilitar candidaturas dudosas.
El presidente de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González en varias ocasiones dijo que aún faltan muchos ajustes a para poder transparentar las campañas políticas y evitar el ingreso de dinero sucio en el financiamiento de candidaturas políticas. Manifestó que se necesita una ley para controlar el dinero no declarado en las campañas proselitistas por lo cual se está trabajando desde la Justicia Electoral para proponer al nuevo parlamento modificar la ley de financiamiento político y llenar esas lagunas legales.
Estas modificaciones deben ser principalmente para evitar que personas que tengan procesos judiciales participen de las elecciones tal como se tuvo en los comicios pasados. Por ejemplo el caso del senador electo , quien desde la cárcel se candidató o como, quien está procesado por tener vínculos con el narcotráfico y alega tener “dobles fueros”. Ambos mediante el voto popular accedieron a una banca al Congreso Nacional. Mbururú no pudo ocupar su banca pues no consiguió aún su libertad.
También volvieron a candidatarse Miguel Cuevas y Ulises Quintana, ambos enjuiciados, uno por enriquecimiento político y otro por supuesto vínculo con el narco Javier “Cucho” Cabañas. Ambos no lograron convencer al electorado y abandonaron el pasado 30 de junio la Cámara de Diputados.
La misión de observadores internacionales que llegó a nuestro país para participar de las elecciones de abril pasado destacó que con las leyes Nº 6501/2020 y Nº 6951/2022 se introdujeron nuevas disposiciones sobre financiamiento de campañas electorales aplicables a los comicios. El objetivo es aumentar la rendición de cuentas, la inclusión de la figura jurídica de las concertaciones en la ley de financiamiento político, la introducción del derecho al voto para los paraguayos residentes en el extranjero, que anteriormente estaban ausentes en la legislación paraguaya.
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