Desde siempre, el cargo de confianza en la función pública ha sido causa de problemas, discusiones, críticas y escarnios en los tres poderes del estado, y en otras entidades del sector público. Los ocupantes de cargos de confianza en el Congreso son -casi sin excepción- vilipendiados por los medios de comunicación, los partidos políticos, la iglesia católica, las asociaciones sindicales de funcionarios públicos y privados; en la opinión pública se ha generado un profundo desprecio hacia esos funcionarios, por causas que la sociología debe investigar e informar. Me adelanto en expresar, como ciudadano crítico, mi absoluto desprecio y repugnancia hacia las mujeres y varones que en ese poder público ejercen inexistentes “cargos de confianza” en ambas cámaras del Congreso.
Aquí solo enfocaré el tema desde una perspectiva jurídica y política, sin profundizar en la cuestión. El capítulo VIII de la Constitución trata “Del trabajo”, la sección I regula sobre “los derechos laborales” y la sección II “De la Función Pública”; el artículo 101 preceptúa: “Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país… La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios…”; en concreto, es inconstitucional cualquier decreto, reglamento o resolución, de una autoridad pública regulatoria del personal público,...
Ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados gozan por separado y autónomamente de esa atribución, porque esa facultad no se incluye en el artículo 202 constitucional; tampoco esa atribución consta en el artículo 221, que fija las atribuciones de la Cámara de Diputados, ni en el artículo 224, que enumera las atribuciones de la Cámara de Senadores. “Cada Cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados” (artículo 200 CP), pero la designación de sus empleados -repito- no es arbitraria, porque debe ajustarse estrictamente a la ley vigente en esa materia. La atribución...
“Los ‘cargos de confianza’ que no están determinados en la Constitución o en la ley no deben ser definidos por decreto ni por resolución administrativa, sino por un acto legislativo. La previsión constitucional y de otras leyes, con buen criterio, reservan en la reglamentación del cargo de confianza a la ley” (Miguel Ángel Pangrazio); esa es doctrina unánime en todos los países democráticos del planeta. El mismo jurista compatriota manifiesta que “Los agentes de los órganos del estado no han de constituirse en los discriminados con sueldos míseros o en una cúpula corrupta que atesora...
El artículo 8º de la Ley Nº 1626/2000 “De la Función Pública” expresa: “Son cargos a) los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, los funcionarios designados con rango de ministros, el a) Procurador General de la República y los funcionarios que detenten la representación del Poder Ejecutivo en las entidades binacionales u órganos administrativos; b) los secretarios, los directores; los jefes de departamentos, divisiones y secciones, de la Presidencia de la República; c) el Secretario General, el Secretario Privado, el Director Administrativo y el Director Financiero que prestan...
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