América Latina se encuentra en una encrucijada: continuar profundizando un modelo marcado por la alta concentración o adoptar una estrategia que priorice la equidad como base de la sostenibilidad.
La desigualdad de ingresos continúa siendo uno de los principales obstáculos estructurales en América Latina, y Paraguay no es la excepción, según la prestigiosa publicación World Population Review. El análisis sobre la concentración del ingreso —que mide qué porcentaje del total queda en manos del 10% más rico— expone una brecha persistente que limita la movilidad social, obstaculiza el desarrollo económico y dificulta la gobernanza. En este contexto, el caso de Paraguay y del Mercosur resulta especialmente ilustrativo: el dinamismo productivo convive con estructuras distributivas que aún...
"En Paraguay, aproximadamente el 35,4% del ingreso está concentrado en el decil más rico. Aunque este nivel no representa el extremo más agudo en la región, sí supera los estándares deseables para sociedades que aspiran a un desarrollo más inclusivo", explicó el economista Arturo Cardús Silvera. Este indicador dialoga con una estructura productiva basada en la explotación de recursos naturales —soja, carne y energía hidroeléctrica— sectores que han impulsado el PIB y las exportaciones.
"Sin embargo, las ganancias generadas por estas actividades no se han distribuido de forma equitativa hacia los sectores vulnerables ni han favorecido proporcionalmente la formalización del empleo. La coexistencia entre un sector competitivo y moderno y un amplio segmento informal sigue siendo uno de los principales desafíos de la política económica local", agregó el economista.
En el Mercosur, la concentración del ingreso varía por país, pero presenta patrones comunes. Brasil, donde cerca del 41% del ingreso total está en manos del decil más rico, exhibe desigualdades históricas vinculadas a una economía robusta pero marcada por brechas en acceso a educación, servicios básicos y financiamiento. Argentina, con un nivel menor (30,5%), enfrenta una inestabilidad macroeconómica crónica que reduce la capacidad redistributiva del Estado y deteriora el salario real.
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