Análisis sobre la urgencia de reformar la Caja Fiscal en Paraguay para frenar el déficit y la injusticia social.
La reforma del Estado es recurrente en la prensa desde 1989. Fue promesa, desde ese tiempo, en cada gobierno que pasó. Hoy que ella se encamina en algunas áreas, se percibe el doble discurso, con variados pretextos, en quienes lo clamaban. Lo real es que Paraguay debe decidir en hacerla o condenar, definitivamente, a la mayoría de su población por la inoperancia para iniciar los cambios.
Debe decirse que en este espacio de libertad fue trascendente la nueva Constitución de 1992. Ella sentó la base para la autonomía del Banco Central y permite actualizaciones financieras. Eso ayudó a la estabilidad macroeconómica con un libre sistema cambiario. También hubo mejoras en la administración financiera y tributaria, y la democracia vive elecciones libres y soberanas.
Sin embargo, a pesar de los discursos de «achicamiento» o modernización, el gasto público creció exorbitantemente y en la actualidad es insostenible. También debe agregarse que la Carta Magna trajo consigo mayores gastos con las nuevas instituciones creadas. Lo real es que el Estado se agrandó y, por ende, la inequidad persiste en el tiempo.
Ahora que el gobierno del presidente Santiago Peña ataca una de las causas de la injusticia social (gastar más de lo que se recauda), quienes ayer la pedían, hoy se oponen. Una de esas causas tiene que ver con la caja fiscal/previsional en la que más del 85% de la población paga la jubilación del menos del 15%. Ergo, la vieja práctica de dilapidar hasta lo que no ingresa a las arcas públicas se mantiene inalterable.
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