"Es nuestra obligación como funcionarios públicos poner a conocimiento del Ministerio Público los hechos que no se ajustan a la legalidad. También el art. 276 de la ley orgánica municipal nos responsabiliza a los miembros de la Junta, civil y penalmente, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad”, mencionan.
“Una vez que reunimos las pruebas suficientes necesariamente tuvimos que presentar la denuncia; de lo contrario seríamos cómplices ante estos hechos", expresó Melchor Medina, concejal municipal denunciante.
Los ediles cuentan con el patrocinio de tres abogados: Helios Cuéllar Ríos, Shirley Rodas González y Blas Montiel Valdez. Por su parte el intendente de Santiago, Ignacio Diosnel Larré, dijo en su defensa que cuenta con todos los papeles respaldatorios y que la denuncia de los ediles es más bien por una cuestión política. "Yo estoy tranquilo porque tenemos todas las documentaciones”, acotó. VR
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