Fiscales y peritos detectaron fisuras en el subsuelo del Congreso y evaluaron posible riesgo de derrumbe del edificio tras el incendio en la manifestación del viernes.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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