El asistente fiscal Eder Guerrero y el funcionario José Raúl Vargas de la unidad penal de la fiscalía de Itauguá, están involucrados en supuesto pedido de dinero dentro de un proceso por violencia familiar para favorecer a una de las partes. Ante esto, según siguió explicando el fiscal Arzamendia a PDS radio y tv Digital, la persona se rehusó a quedar retenido en el lugar y Guerrero lo deriva con su compañero José Raúl Vargas, quien nuevamente le dijo que no podía retirarse del sitio pero que si le pagaba 10.000.000 de guaraníes quedaría libre.
El asistente fiscal Eder Guerrero y el funcionario José Raúl Vargas de la unidad penal de la fiscalía de Itauguá, están involucrados en supuesto pedido de dinero dentro de un proceso por violencia familiar para favorecer a una de las partes. El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia explicó que uno de los mismos ya fue detenido.
Según Arzamendia, la citación fue el marco de una causa de violencia familiar que fue abierta en su contra por lo que se debía realizar una declaración indagatoria. La persona acudió al llamado del Ministerio Público, donde fue atendido por el asistente fiscal Eder Guerrero, quien le explicó que su situación era grave, que el marco penal por violencia familiar era de 1 a 15 años y que en ese momento se encontraba detenido. Además, no podía retirarse del lugar ya que se iba a ejecutar la detención.
Ante esto, según siguió explicando el fiscal Arzamendia a PDS radio y tv Digital, la persona se rehusó a quedar retenido en el lugar y Guerrero lo deriva con su compañero José Raúl Vargas, quien nuevamente le dijo que no podía retirarse del sitio pero que si le pagaba 10.000.000 de guaraníes quedaría libre. A fin de quedar en libertad, el denunciante entregó un millón de guaraníes como una fianza y se comprometió a pagar dos millones de guaraníes más el día martes. Luego de ese pago, el día de hoy debía realizarse la última entrega de dinero para completar la suma de cinco millones.
En base a ello, se hizo el seguimiento respectivo, solicitaron la autorización judicial para poder grabar las conversaciones así también para realizar la entrega vigilada, la cual se llevó a cabo el día de hoy en horas de la mañana, se ordenó la detención del funcionario involucrado y la incautación de la carpeta fiscal y el teléfono celular del afectado.
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