El director de la DNCP, Agustín Encina, justificó que haya rechazado la lluvia de protestas en contra de la adjudicación de uno de los lotes de la “ruta de la soberanía” a la empresa mexicana Calzada Construcciones, denunciada por falsificación en Perú. Señaló que el MOPC tiene la potestad de rescindir dicho contrato, pero solo en caso de que existan incumplimientos.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, señaló que el , manejada por Claudia Centurión, tiene la potestad de cancelar más adelante el contrato de la firma mexicana Calzada Construcciones SA, pero solo si la empresa incumple con la ejecución del lote 3 de la “ruta de la soberanía”.
A dicha firma foránea le entregaron este tramo de la obra, por G. 384.595 millones, pese a que fue sancionada en Perú “por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta”, en una contratación de dicho país.
Empero, Encina rechazó todas las impugnaciones presentadas en contra de esta adjudicación, pese a que Calzada sigue sin estar inscripta como proveedora en el país. Además, la compañía tampoco tiene una dirección local o maquinarias que aseguren el cumplimiento de esta adjudicación. Todo apunta a que la empresa extranjera subcontratará la mayor parte de la ejecución de los trabajos que le otorgaron.
El director de la DNCP resaltó que los antecedentes de la compañía mexicana no fueron suficientes para anular la adjudicación que le otorgó el MOPC. “Los criterios de la DNCP están expuestos en cada una de las resoluciones que han sido publicadas (Nº 1727 Nº 1935). La DNCP rechazó estas protestas porque las mismas no han tenido el asidero legal suficiente para revertir las adjudicaciones realizadas por el MOPC”, expresó.
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