ASUNCIÓN. Un artículo de la Constitución Nacional, ambiguo y mal redactado, fue el que utilizó una mayoría de la Cámara de Diputados que prefirió que el voto de censura al ministro de Educación, Eduardo Petta, aprobado por el Senado, no saliera del Congreso y fuera a parar a la basura. El artículo 193 establece el …
ASUNCIÓN. Un artículo de la Constitución Nacional, ambiguo y mal redactado, fue el que utilizó una mayoría de la Cámara de Diputados que prefirió que el voto de censura al ministro de Educación, Eduardo Petta, aprobado por el Senado, no saliera del Congreso y fuera a parar a la basura.
El artículo 193 establece el mecanismo para interpelar a altos funcionarios del gobierno y el 194 dice que si las respuestas no satisficieran a los legisladores, se podrá decidir un voto de censura, que, aunque no es vinculante para el Ejecutivo, sí es un mensaje fuerte y claro para que el presidente de la República tenga en cuenta la opinión del Congreso.
El problema está en que, mientras el 193 dice que la interpelación será decidida y realizada por cualquiera de las cámaras, el 194 exige que, para el voto de censura, opinen los legisladores de ambas, lo que da la absurda situación, destacada en el caso de Petta por varios diputados, de que la cámara que no hizo la interpelación deberá considerar que las respuestas fueron insatisfactorias o insuficientes.
En ocasiones anteriores no hubo problema porque la cámara revisora daba por recibida la notificación de la que tomó la decisión y, sin mayores trámites la aprobaba. Pero el caso de Petta fue diferente ya que en la bancada oficialista de Diputados hay una firme decisión a proteger a quien sigue contando con el apoyo y respaldo del presidente de la República, por lo que se recurrió a la ambigüedad de la Constitución y los diputados se negaron a aprobar la Resolución del Senado ya que ninguno de ellos participó en la interpelación previa, por lo que no podía dar su opinión. Y allí acabó todo...
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