La nueva ley de subsidio a los combustibles es abiertamente inconstitucional y, además, es inservible, infinanciable, muy peligrosa, con beneficios pírricos de muy corto plazo para una pequeña minoría y perjuicios para todo el resto de la ciudadanía. Será otra repartija de los escasos recursos del Estado en el año electoral. Solo reconfirma la estrechez, la pusilanimidad, el pobrísimo nivel de la representación política, que se deja doblegar por grupos de presión en contra del verdadero interés nacional.
La ley “por la cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización de diésel/gasoíl tipo III y nafta de 93 octanos por parte de Petropar” autoriza a la empresa estatal a subsidiar ambos combustibles hasta un 30% por debajo del costo. Esto claramente se contrapone al artículo 107 de la Constitución Nacional, que taxativamente establece que no se permitirá “el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
Este hecho por sí mismo ya invalida esta absurda medida tomada por el Congreso, con la anuencia del Poder Ejecutivo. Pero, al margen de ello, el pretendido “remedio” será mucho peor que la enfermedad. Solo servirá para desestimular la importación, provocar desabastecimiento y dejar importantes márgenes para los operadores de los servicentros de Petropar, por lo general en manos privadas de personas vinculadas a la política, principalmente del Partido Colorado.
El primer punto en cuestión es que Petropar apenas tiene el 17% de participación en el mercado del gasoíl (2021) y menos del 10% de las estaciones de servicio a nivel nacional, con 220 bocas de expendio frente a las 2.300 de otros emblemas. Nadie explica cómo hará para abastecer el 100% del mercado con precios preferenciales. Lo que ocurrirá en la práctica es que sus existencias pronto se agotarán, no habrá dinero ni logística que aguanten para importar enormes cantidades sin cubrir el costo, y la gran mayoría de los consumidores terminará pagando el precio real, además de perjudicarse...
Esto toda vez que haya producto, porque esta medida conlleva un riesgo de escasez o desabastecimiento, algo que tendría consecuencias mucho más nocivas para la gente y para la economía que un combustible caro. La competencia desleal provocará en lo inmediato un desvío natural del consumo hacia Petropar en contra de los emblemas privados, que lógicamente ajustarán sus importaciones a la nueva situación, con el resultado de que habrá menos gasoíl y nafta, lo cual, a su vez, probablemente presionará todavía más el precio al alza por la ley de la oferta y la demanda.
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