Ni la Constitución, ni el reglamento ni el código de ética son utilizados para sancionar los graves hechos por los que son acusados. Suman seis protegidos y una gran deuda con la ciudadanía.
La mayoría de las veces existen pruebas fehacientes que los implican, pero el corporativismo en los partidos tradicionales, principalmente, logra dejarlos impunes.
Los diputados Del Pilar Medina, colorada, y Édgar Ortiz, liberal, fueron imputados por violación de la cuarentena sanitaria, y el segundo, también por resistencia, al atropellar una barrera de control. De este modo, suman seis en este periodo parlamentario que son abroquelados por sus pares, junto con los colorados abdistas Miguel Cuevas, Esteban Samaniego y Ulises Quintana, y el cartista Tomás Rivas, además del liberal efrainista Carlos Portillo.
Los casos más graves son los que incluso cumplen prisión preventiva, pero siguen con sus bancas, guardadas por suplentes, como el caso de Quintana, quien es reemplazado por Rocío Abed, también investigada por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros, en el mismo caso en el que están implicados los Zacarías Irún.
En cuanto al segundo recluido, Cuevas, ni siquiera fue resuelta su ausencia, ya que no se le otorgó el permiso, pero tampoco fue convocado su suplente.
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