La Cámara de Diputados no solo sigue poniendo trabas al derecho de acceso a la información pública, al negar que las declaraciones juradas de bienes de funcionarios estatales sean públicas, sino que pretenden eliminar las sanciones penales para quienes presenten estos documentos con contenido apócrifo. Actualmente, la presentación de declaración jurada falsa es considerada hecho penal, pero quedaría como “cuestión administrativa”.
Diputados pretenden despenalizar la presentación de declaraciones falsas
Diputados cartistas y abdistas dieron un tremendo golpe al acceso a la información pública, cuando nuevamente se negaron a aprobar un proyecto de ley que hace públicas las declaraciones juradas de los funcionarios estatales.
La multibancada de la oposición había planteado aprobar sin modificación el proyecto que ya había sido consentido el año pasado por el Senado. Sin embargo, el diputado Hernán David Rivas (ANR, cartista) presentó de la nada una versión modificada del plan de ley. Y esa fue la versión asentida por diputados colorados (abdistas y cartistas) y tres liberales llanistas.
Lo más grave del proyecto impulsado por los dos bloques colorados es la intención de despenalizar la presentación de declaraciones juradas de contenido falso. “Toda declaración jurada presentada en tiempo y forma es válida, independientemente de si existen omisiones o errores”, señala el artículo 14 del proyecto presentado por Rivas.
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