La Cámara de Diputados volvió a declarar en cuarto intermedio la sesión extraordinaria, donde se debía tratar el proyecto de resolución “Por la cual se formula acusación ante la Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 […]
La Cámara de Diputados volvió a declarar en cuarto intermedio la sesión extraordinaria, donde se debía tratar el proyecto de resolución “Por la cual se formula acusación ante la Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”. Continuará el martes a las 14 horas.
Legisladores de la oposición, más el oficialismo colorado solo tienen 51 votos y necesitan 53 para la destitución. Los dos votos faltantes son los de los liberales María de la Nieve López y Carlos Noguera. Ambos acudieron a la sesión, luego de que se estableciera la semana pasada el retorno a la presencialidad. De forma paralela, en las inmediaciones, un grupo de 50 manifestantes seguían con altavoces el desarrollo de la sesión. En un momento, se produjeron incidentes debido a la negativa de dos manifestantes de dejarse examinar sus carteras y mochilas, lo que generó una gresca que no pasó...
Durante la jornada se trató el punto 8 de los 11 del libelo acusatorio. La misma abordó el tema Metrobús. Quedan por debatir el punto 9; “Ineficiencia y negligencia en el presupuesto del Ministerio Público”, el punto 10 son la “Impunidad y corrupción en intendencias y gobernaciones”, mientras que el punto 11 se refiere a otras inacciones. Con esto, suman cuatro postergaciones de la sesión extraordinaria. La dilación obedece a la falta de votos de los impulsores del juicio. En caso de aprobarse, pasa al Senado donde existen los 30 votos (de 45) necesarios para lograr la destitución de Quiñónez.
Édgar Acosta, diputado por el PLRA, señaló que el perjuicio puede llegar a los US$ 50 millones. Es decir, los US$ 20 millones que ya cobró más los US$ 30 millones que está reclamando la empresa Mota Engil. Esto, como cuestionamiento a los argumentos de varios legisladores cartistas que defendían el cobro de un seguro de G. 40.000 millones (US$ 5,8 millones al cambio actual) como punto a favor del Gobierno de Cartes.
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